Dieciocho niños: el precio de un abrazo

 Por Oscar Sañudo periodista y asociado de la UPP

Publicado en el diariocantabria el 9 de mayo de 2025

Da pánico comprobar cómo en Cantabria, bajo el firme liderazgo de María José Sáenz de Buruaga y con la impecable y cómplice gestión de la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, se vela por el futuro de los niños desamparados con una mezcla admirable de pragmatismo, crueldad y frio cálculo político.

El Partido Popular, que obediente y manso recorre la senda ideológica que les va señalando Vox, ha presentado la solicitud para expulsar a 18 de los 26 menores desamparados bajo tutela pública. ¡Qué eficiencia! Y sobre todo, ¡qué sentido de la oportunidad! El PP de Cantabria demuestra que sabe pagar sus deudas políticas con rapidez. Porque si uno cierra pactos con la ultraderecha, a veces en el Parlamento y otras no, qué menos que entregar unos cuantos niños a cambio, ¿verdad?

La estrategia es clara: convertir a la infancia más vulnerable en moneda de cambio ideológico. En vez de invertir en protección, en integración, en construir oportunidades —como marcan la Constitución Española, el Derecho Internacional o la Convención de los Derechos del Niño—, aquí se opta por el camino corto: la puerta de salida.

Y todo, claro, sin necesidad de informes individuales, sin estudios detallados de su situación personal, sin contrastar si en sus países de origen se contempla algún tipo de sistema eficaz de protección a la infancia —que, en muchos casos, como Ghana, simplemente no existe—. Basta con repetir un copia y pega dieciocho veces, dieciocho sellos y a otra cosa, mariposa.

Lo más fascinante es la coherencia del relato: de manera simultánea a las declaraciones de la consejera Begoña del Río sentenciando que Cantabria será "solidaria" con los menores migrantes, otra sentencia muchos menos amable se fraguaba en su propio departamento, supongo que con su aquiescencia. Aterrador.

Es curioso también que mientras se gestionan -es un decir- millones de euros en fondos europeos para mejorar la inclusión social, para promover la igualdad y para hacer más accesibles los centros sociales, se promueve una política de exclusión selectiva en la que los niños tutelados se convierten en “los otros”, en los que sobran. Intentan sin disimulo allanar el camino para que algunos, simplemente, desaparezcan.

Resulta especialmente inquietante comprobar cómo quienes hablan tanto de familia y a veces presumen incluso de caridad o compasión cristiana, acaban por tratar a niños y niñas desamparados como un problema administrativo. La moral no se conjuga en abstracto: se concreta en los actos, en las decisiones y en el modo en que tratamos a los más vulnerables. Como dijo el papa Francisco, “no se trata solo de migrantes, se trata de nuestra humanidad”. Y por eso lo que está en juego en Cantabria no es solo una política, sino una conciencia.

Así, han convertido su gobierno en referente. Desgraciadamente no por su solidaridad, sino por su habilidad para redefinirla según convenga. Una solidaridad a medida, que se apaga de inmediato cuando lo dicte el socio de gobierno claramente preferente en lo moral, para Buruaga y compañía.

Pocos han tenido el cuajo de intentar hacer pasar la expulsión de niños por una medida de protección. Porque pocos gobiernos han sabido traducir tan bien como el de Cantabria el lenguaje de los derechos en el dialecto de la obediencia política.