La sanidad pública es uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad, que garantiza el acceso equitativo y universal a servicios médicos de calidad, sin distinción de raza, género, clase social o lugar de residencia. En momentos de incertidumbre y retos globales, su preservación no es solo un acto de justicia, sino un deber moral para con las generaciones presentes y futuras.
Asistimos desde hace años al deterioro de nuestro sistema sanitario público que con la excusa de la crisis financiera del 2007 sufrió unos brutales recortes que aún hoy no se han recuperado del todo. A ello hay que añadir un aumento considerable de la población, acompañado de un mayor envejecimiento y una mayor demanda sanitaria ligada lógicamente a enfermedades crónicas propias de la edad. Por otra parte, la mayor demanda de atención sanitaria se ha acompañado de un fuerte aumento en los costes tecnológicos y farmacológicos que requieren una revisión, basada en los costes reales de producción e investigación, en la financiación de la Sanidad Pública.
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La crisis del COVID 19 puso de manifiesto la importancia de disponer de una Sanidad Pública robusta y capaz de salvar vidas, pero también evidenció lo nefasto de los recortes previos y las muchas vidas que pudieron haberse salvado de haber dispuesto de más recursos, más prevención y en algunos casos, por todos conocidos, de una mejor gestión. Es verdad que Cantabria fue una de las comunidades donde menos mortalidad hubo, pero nos dejó una hipoteca en forma de listas de espera que últimamente aumenta casi sin control.
Las largas listas de espera son, sin duda, uno de los factores clave que impulsan a muchas personas a optar por la sanidad privada, especialmente cuando buscan atención más rápida para problemas específicos de salud. Este fenómeno destaca una brecha entre las expectativas de los ciudadanos y la capacidad del sistema público para satisfacerlas en tiempo y forma.
Las listas de espera en la sanidad pública son un desafío complejo que requiere soluciones integrales Esto, a su vez, plantea un desafío para los responsables de políticas públicas: encontrar un equilibrio entre mejorar los tiempos de respuesta en la sanidad pública y mantener la confianza de la población en este sistema esencial.
La descentralización sanitaria en España, donde cada comunidad autónoma tiene competencias propias en este ámbito, está generando desigualdades en la calidad y accesibilidad de los servicios sanitarios. Aunque la Constitución establece la necesidad de coordinación entre autonomías, en la práctica, las diferencias en presupuestos, prioridades políticas y enfoques de gestión dificulta esta deseada colaboración efectiva.
Esta falta de uniformidad puede impactar directamente en cuestiones como tiempos de espera, disponibilidad de especialistas, acceso a tratamientos avanzados y hasta en los programas de prevención. La solución probablemente pase por fortalecer los mecanismos de coordinación y supervisión a nivel estatal, asegurando que se cumplan estándares comunes en todo el territorio sin socavar la autonomía de las comunidades.
Una mayor inversión en sanidad pública es crucial para garantizar un servicio de calidad que pueda responder a las necesidades de la población. Incrementar el número de profesionales no solo aliviaría la carga laboral, sino que también permitiría reducir listas de espera y mejorar la atención personalizada.
Además, la formación continua garantizada y proporcionada por las Administraciones Públicas es esencial para que los profesionales sanitarios puedan estar actualizados frente a los avances médicos y tecnológicos, lo que impactaría positivamente en la calidad del servicio. Atender las legítimas demandas salariales también es clave para motivar al personal y prevenir la fuga de talento al sector privado o incluso a otros países.
Una sanidad pública bien financiada no es solo una inversión en salud, sino en igualdad y cohesión social.
De todo lo expuesto podemos entender que para mejorar la sanidad pública, se deben abordar las listas de espera mediante una mayor dotación de recursos y optimización de la gestión, fomentar la coordinación entre las políticas sanitarias de las comunidades autónomas para garantizar equidad y eficiencia, y asegurar una mayor inversión en el sistema, incluyendo medios materiales, profesionales suficientes y formación continua, además de atender a las justas demandas salariales del personal sanitario.
Los firmantes de este manifiesto queremos extender una invitación a todas las personas, colectivos y organizaciones que compartan nuestra preocupación por el futuro de la sanidad pública en Cantabria. Ante las amenazas que enfrentamos, creemos que la unión de esfuerzos y voces es esencial para garantizar un sistema sanitario público, universal y de calidad.
Te invitamos a unirte a esta plataforma en defensa de nuestros derechos y nuestro bienestar. Juntos, podemos marcar la diferencia y proteger este pilar fundamental de nuestra sociedad.
Ángel Agudo San Emeterio, Antonio Jiménez Gómez, Avelina Saldaña Valtierra, Belén Gómez-Acebo Laso, Carlos Rangel Moya, Carmela Greciet, Concepción Rodríguez Carús, Eugenia Pérez Fernández, Ezequiel Martínez Rosales, Fernando García del Río, Fernando Rodero García, Javier Gómez-Acebo Laso, Ignacio Ortuzar Guillamón, Jesús Ortiz Pérez del Molino, Joaquín Gómez Gómez , Jorge Fernández Sanz, José Luis Marcos Flores, Juan Requejo Liberal, Luis Bustillo Albo, Luis Ángel Ruiz Cardín, M.ª Luisa Real González, Manuel Núñez Gómez, Margarita Narvaiza Núñez, M.ª Luisa Calzada Hinojal, M.ª Carmen Gutiérrez Pérez , Mercedes Mazo Jimeno, Mercedes Soto García, Miguel Ángel Pesquera González, Noelia Cobo Pérez, Oscar Sañudo López, Pilar Huerta Sánchez, Placido Arce Villegas, Raúl Francisco Cortés Pérez, Raúl Pesquera Cabezas, Rosario Quintana Pantaleón, Víctor Velasco Vivas.
No puedo estar más de acuerdo.
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