Por Carlos Rangel economista y asociado de la UPP
Publicado en eldiariocantabria el 26 de mayo de 2025
La reciente noticia del acuerdo entre el Partido Popular (PP) y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) para bonificar la matrícula universitaria a los estudiantes con mejores expedientes académicos ha encendido un importante debate sobre la justicia y la equidad en el acceso a la educación superior. Si bien la medida busca reconocer el esfuerzo y el mérito, no son pocas las voces que alertan sobre sus posibles consecuencias negativas para aquellos alumnos con menos recursos económicos.
La crítica principal radica en la idea de que el "mérito" académico, medido exclusivamente por las calificaciones, no siempre refleja una igualdad de oportunidades. Para un estudiante proveniente de una familia con mayores ingresos, disponer de una habitación propia y tranquila para el estudio, acceso a recursos educativos adicionales, clases particulares o simplemente la tranquilidad de no tener que compaginar los estudios con un trabajo, son ventajas significativas que pueden influir directamente en sus resultados. Obtener un sobresaliente en estas condiciones, si bien es fruto de un trabajo, se ve facilitado por un entorno propicio.
Por otro lado, la realidad de muchos estudiantes es muy diferente. Jóvenes que viven en hogares con recursos limitados, que comparten habitación con hermanos, que deben trabajar a tiempo parcial para ayudar en casa o costearse sus propios gastos, enfrentan desafíos considerables para dedicarse plenamente al estudio. Para ellos, alcanzar un aprobado o un notable ya supone un esfuerzo titánico, un testimonio de resiliencia y dedicación que, desde una perspectiva de equidad, podría considerarse incluso más valioso que un sobresaliente obtenido en condiciones privilegiadas.
Esta medida, aunque bienintencionada en su objetivo de fomentar la excelencia, podría profundizar la brecha de desigualdad, beneficiando desproporcionadamente a quienes ya cuentan con una base económica sólida. Se corre el riesgo de convertir la universidad en un espacio aún menos accesible para aquellos que, con gran esfuerzo y sacrificio, buscan en la educación una herramienta para mejorar su futuro y el de sus familias.
Es fundamental que el debate sobre las becas y ayudas universitarias vaya más allá de la simple calificación académica. Es necesario considerar el contexto socioeconómico de los estudiantes y establecer un sistema que combine el reconocimiento al mérito con una verdadera equidad, asegurando que la falta de recursos económicos no sea una barrera insalvable para acceder y permanecer en la educación superior. De lo contrario, se corre el riesgo de perpetuar un sistema que premia no solo el esfuerzo, sino también la suerte de haber nacido en un determinado contexto.
Históricamente, la Universidad ha sido un motor de movilidad social, permitiendo que individuos de todos los estratos alcancen un nivel educativo superior y, con ello, mejoren sus perspectivas de vida. Sin embargo, cuando las políticas de acceso o de ayuda económica no están bien calibradas, el riesgo de que la educación superior se convierta en un privilegio para unos pocos, en lugar de un derecho para todos, es real.
La Universidad tiene la responsabilidad de ser un espacio inclusivo, donde la diversidad de experiencias y perspectivas enriquezca tanto el aprendizaje como la investigación. Consolidar las desigualdades sociales a través de sus políticas de acceso, becas o tasas, no solo es injusto a nivel individual, sino que también debilita a la sociedad en su conjunto, al desaprovechar talento y perpetuar ciclos de pobreza y exclusión.
La Universidad, para cumplir su verdadero propósito, debe ser un pilar de la justicia social, un lugar donde el futuro de una persona se construya sobre su capacidad y esfuerzo, y no sobre su cuna.
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