Nº 58 Septiembre-Octubre 2024
Desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno de España el 1 de junio de 2018, hace ya más de seis años, uno de los principales objetivos de su acción política es la redistribución de la riqueza, la generación de empleo y de oportunidades y el avance de la justicia social como factores imprescindibles para la reducción de la desigualdad.
A ello han contribuido instrumentos como la revalorización de las pensiones, para devolver dignidad a quienes veían cómo el fruto de toda una vida de trabajo y compromiso con la sociedad no se veían recompensados en el período de jubilación con pensiones congeladas y con una injusta revalorización de las mismas al 0,25% durante los gobiernos de Mariano Rajoy. Por eso, una de las primeras medidas adoptadas fue la revalorización de las pensiones conforme al coste de vida real, y poniendo en marcha un nuevo acuerdo en el marco de la comisión del Pacto de Toledo, que determinará por ley la obligatoriedad de revalorizar las pensiones conforme al IPC cada año, un logro, una conquista social, que demostraba esa vocación de gobierno para la mayoría social de nuestro país.
Otra de esas políticas con efectos positivos en la reducción de la desigualdad, ha sido la creación de un nuevo derecho de ciudadanía, el ingreso mínimo vital (IMV), que ya beneficia en España a dos millones de personas, que viven en 625.382 hogares. Un avance social sin precedentes que evidencia la hoja de ruta marcada por el Gobierno y los objetivos a cumplir.
Pero sin duda, una palanca de progreso social en estos seis años de gobierno ha sido la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).
El Gobierno de Pedro Sánchez ha entendido desde el principio de su mandato que esta política pública es fundamental para alcanzar esos objetivos que pasan por generar empleos de mayor calidad, redistribuir la riqueza y combatir la desigualdad. Y no solo lo ha entendido, sino que ha tomado medidas con un impacto directo sobre los trabajadores y trabajadoras que menos ingresos perciben por el trabajo que realizan, es decir, los más de dos millones de españoles que cobran el salario mínimo interprofesional, en su mayoría jóvenes, mujeres e inmigrantes, para avanzar en una remuneración justa y adecuada que cubra las necesidades básicas de cualquier ciudadano. Desde 2018 a 2024 el salario mínimo interprofesional ha pasado de los 735 euros al mes a los 1.134 euros, un 54% más, que suponen 400 euros más al mes para los trabajadores que lo perciben.
Así, España es uno de los países de la Unión Europea en el que más ha subido el salario mínimo, con el compromiso de cumplir con la Carta Social Europea que establece que el salario mínimo neto se ha de situar entre el 50% y el 60% del salario medio neto y que, independientemente del porcentaje, tiene que garantizar un nivel de vida digno en términos reales para un trabajador, objetivo ya cumplido en este 2024 con la subida del 5% del SMI hasta los 1.134 euros.
Pero el salario mínimo interprofesional no solo beneficia a los trabajadores que menos ingresos perciben, sino que actúa también como palanca para generar una mayor igualdad, al ser un motor para impulsar de forma progresiva la subida salarial del resto de los trabajadores, y por tanto una verdadera política pública que permite impulsar las mejoras retributivas y salariales del conjunto de los trabajadores.
En primer lugar, de los empleados con sueldos inmediatamente superiores al salario mínimo; en la mayoría de los casos se produce un efecto arrastre que hace que también estos acaben subiendo, pero, además, el salario mínimo actúa como nueva base para la negociación salarial por convenio colectivo de los salarios de los trabajadores en todos los sectores. Por tanto, es un elemento fundamental para la mejora de las condiciones laborales y salariales del conjunto y por tanto una palanca para garantizar un empleo de mayor calidad y mejor retribuido.
España es el segundo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la que más ha subido el salario mínimo interprofesional en los últimos cinco años, solo por detrás de Lituania.
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En términos reales, descontada la inflación, el incremento del SMI se eleva al 30,2%, lo que supone 2,5 veces más que el aumento medio entre las economías más importantes y desarrolladas del mundo, que forman parte de la OCDE. Con datos de Eurostat, OCDE y el INE, Cepyme ha publicado un informe que destaca que la subida real del salario mínimo en nuestro país ha duplicado en los últimos años la de Alemania o Portugal y ha multiplicado por seis el incremento salarial realizado en Francia o Reino Unido.
Frente al catastrofismo de quienes auguraban que la subida del SMI conllevaría cierre de empresas, despidos masivos y aumento del desempleo, con la única intención de perjudicar al interés general y provocar alarma social entre el tejido productivo y la ciudadanía, nuestro país ha desarrollado efectos complemente contrarios a esos nefastos pronósticos. La realidad es que España tiene hoy datos históricos de creación de empleo con más de 21,5 millones de afiliados a la Seguridad Social, una cifra récord en la serie histórica. Y en 2023, cuatro de cada diez empleos creados en la Unión Europea se crearon en nuestro país.
2024 ha comenzado con un ritmo de creación de empleo extraordinario, que continua con la tendencia positiva de 2023 y ya llevamos 52 meses consecutivos creando empleo.
En términos desestacionalizados, la afiliación ha sumado más de 1,8 millones de trabajadores desde antes de la pandemia. Pero no solo eso, el empleo que se crea hoy en España es de mayor calidad y más estable gracias a los efectos de la reforma laboral consensuada con los agentes sociales y aprobada en 2022 con el voto en contra del Partido Popular.
Hoy en España, no solo hay más trabajadores que nunca, también se ha alcanzado la cifra récord de mujeres afiliadas a la Seguridad Social, que superan ya los diez millones en nuestro país. Y además, el mercado laboral está experimentando una enorme transformación respecto al nivel previo a la pandemia, con un ritmo de afiliación a la Seguridad Social más intenso en sectores de alto valor añadido, como Información y Comunicación y Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, con crecimientos superiores al 17% frente a la situación prepandemia. De hecho, más de 1 de cada 5 afiliados se incorpora a estos dos sectores desde entonces.
Y dos años después de la entrada en vigor de la reforma laboral, se percibe la mejora en la estabilización del empleo con más de 3,4 millones de afiliados con contrato indefinido que, en diciembre de 2021, el último mes antes de la entrada en vigor de la reforma. Alcanzándose la cifra histórica de 14 millones de ocupados con contrato indefinido, de los que casi 9,6 millones son a tiempo completo. Y no solo eso, ha habido una caída histórica de la temporalidad, que era uno de los efectos más dañinos de nuestro mercado laboral, y que según la Encuesta de Población Activa (EPA) ha caído al mínimo histórico del 15,7% en el primer trimestre de 2024. En el caso del sector privado, esa tasa baja aún más, hasta el 12,3%, un nivel que sitúa por primera vez a España en el entorno de la media europea.
Así, vemos como la subida progresiva del SMI desde 2018 a 2024 no ha tenido los efectos negativos anunciados por la derecha, sino que ha contribuido a una mejora de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de nuestro país. Y comprobamos como el incremento del SMI en ningún caso ha tenido efectos negativos sobre el mercado de trabajo, sino que ha sido un instrumento eficaz para consolidar la estabilidad y la calidad del empleo en nuestro país, y por tanto una importante palanca de progreso social. Así, en la economía española, por primera vez en treinta años, crecen a la vez empleo y productividad que permite avanzar en un crecimiento con equidad y sostenibilidad.
Tal y como reflejan diferentes estudios, hay una correspondencia positiva entre salario mínimo y nivel de esfuerzo de los trabajadores, ya que pueden generar mejoras de rendimiento del personal en las empresas. Así, también diversos informes señalan que hay una evidencia de que los incrementos del SMI han tenido efectos positivos sobre la desigualdad salarial, que afecta en mayor medida a mujeres, jóvenes e inmigrantes, porque un incremento del mismo permite reducir la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres, y también permite reducir las desigualdades que existen entre los trabajadores más jóvenes en su incorporación al mercado laboral y la población migrante.
Por tanto, el incremento progresivo del SMI estos seis años se ha demostrado como una de las políticas más eficaces del Gobierno de España no solo para la dignificación de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores sino también para la mejora de la renta de los hogares y el incremento del consumo. De hecho, la OCDE destaca en un informe reciente que la renta real disponible por habitante en España aumentó un 5,16% en 2023, superando los hogares los niveles de renta que tenían antes de la crisis financiera en 2007.
Todo ello hace evidente que el SMI actúa como una de las herramientas de política económica más adecuadas para amortiguar el incremento de la desigualdad y mejorar el bienestar social, disminuyendo los desequilibrios salariales entre trabajadores y avanzando en una remuneración suficiente para un nivel de vida digno.
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